Fotografía: Archivo web.

Más del 90% de los anexos en México opera de forma irregular y bajo abusos

Ciudad de México, 22 de noviembre de 2026.- Más del 90 por ciento de los centros de rehabilitación para adicciones en México opera de manera irregular o clandestina, según registros de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama). Mientras el directorio oficial reconoce apenas 141 establecimientos regulados en el país, estimaciones de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) calculan que existen más de tres mil. De acuerdo con especialistas en rehabilitación, esta falta de regulación deriva en que solo el tres por ciento de los internos logre mantenerse libre de adicciones, operando bajo esquemas sin atención médica ni cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2.

Diversas fiscalías estatales en entidades como el Estado de México, Jalisco, Durango, Veracruz y Oaxaca han documentado graves violaciones a los derechos humanos dentro de estos recintos. En operativos recientes se han descubierto condiciones de hacinamiento, insalubridad, desnutrición, tortura, asfixia, abusos sexuales y privación ilegal de la libertad, ya que la mayoría de los ingresos ocurren contra la voluntad de las personas. En el Estado de México, por ejemplo, las autoridades abrieron 152 carpetas de investigación en menos de un año y aseguraron 53 inmuebles clandestinos tras detectar menores amarrados y muertes por golpes.

La crisis de clandestinidad también ha expuesto la infiltración de la delincuencia organizada en estos espacios, utilizados como fachadas para el reclutamiento forzado y actividades ilícitas. Casos documentados en Veracruz revelan que algunos centros operan como campos de adiestramiento donde se obliga a los internos a cometer extorsiones, secuestros y venta de droga. Asimismo, en Oaxaca se intervinieron nueve establecimientos vinculados a redes de cobro de piso y préstamos ilegales que generaban ganancias mensuales cercanas a los 20 millones de pesos, además de registrarse ataques armados letales en estados como Sinaloa y Guanajuato.

Pese a los riesgos, miles de familias recurren a estos sitios ante la falta de alternativas públicas, pagando cuotas semanales superiores a los 500 pesos e insumos básicos por supuestos tratamientos dirigidos por personal sin certificación. Mientras autoridades de entidades como Veracruz y el Estado de México han evitado detallar el padrón real de centros particulares bajo supervisión, en Guanajuato se han iniciado mesas de diálogo con más de 40 clínicas para intentar fortalecer su regulación y frenar los abusos.

    • Con información de Excelsior.

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