Códices Oaxaca
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Oaxaca de Juárez, 02 de octubre de 2026.- Hay, en el recuento de las horas infames, una fecha que se fija en la memoria como un agravio permanente: el 2 de octubre de 1968. Aquella tarde, la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco dejó de ser el espacio de la palabra legítima —el sitio donde estudiantes, obreros, intelectuales, maestros y familias enteras exigían el fin de la prepotencia policial y la apertura de las libertades democráticas— para transformarse en la trampa perfecta del Estado. La bengala verde, el cerco del Ejército y las balas del criminal Batallón Olimpia convirtieron el mitin pacífico en un acto de violencia institucional, un rito de sangre que inauguró la modernidad mexicana desde el horror y el conteo imposible de sus muertos y desaparecidos.
La autoría intelectual, el estigma de la intolerancia que selló el destino de aquella generación, pertenece sin atenuantes a Gustavo Díaz Ordaz, mandatario surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a su entonces secretario de la Defensa Nacional. Desde la cúpula del poder totalitario, el mandatario leyó la justa indignación juvenil no como una demanda ciudadana, sino como una conjura comunista dispuesta a sabotear el escaparate internacional de los Juegos Olímpicos. Su respuesta no fue el diálogo, sino el monólogo de las bayonetas. Los archivos que el tiempo ha ido desclasificando no hacen sino confirmar lo que la calle ya sabía: la orden de disparar contra los suyos emanó directamente de la frialdad del despacho presidencial, ahí donde el disenso se castigaba como alta traición.
Lejos del remordimiento, el sistema optó por la institucionalización del cinismo. En septiembre de 1969, arropado por el aplauso servil del Congreso en su quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz reclamó para sí el monopolio de la culpa; asumió con orgullo soberbio la responsabilidad política, jurídica y moral de la matanza. Para la lógica del régimen, masacrar el futuro era un acto patriótico indispensable para salvar la soberanía y el orden público de las garras de una fantasiosa subversión. El poder se autoabsolvía mientras las prisiones se llenaban de la disidencia viva.
Hoy, a 58 años de distancia, el panorama es distinto: el Estado ha incorporado el recuerdo de la tragedia a su propia narrativa política, reconociendo abiertamente los hechos desde el discurso público. No obstante, este ejercicio de memoria nos obliga a contrastar el presente con las páginas del pasado, donde la complicidad mediática operó de inmediato. Al amanecer del 3 de octubre, los principales diarios nacionales se alinearon por completo al libreto gubernamental para encubrir el crimen. Portadas como la de El Universal, que anunció «Tlatelolco, campo de batalla», o la de El Sol de México, que acusó la intervención de «manos extrañas» con el «objetivo de frustrar los XIX Juegos», evidenciaron a una prensa subordinada que prefirió diluir la responsabilidad del régimen bajo el falso argumento de un combate simétrico.
