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La Fiscalía General de la República pidió imponerle una condena de 82 años de prisión
Ciudad de México.- Un juez federal suspendió por tiempo indefinido el eventual juicio a Jesús Murillo Karam por la primera acusación que le fincaron en el Caso Ayotzinapa y en la que la Fiscalía General de la República pidió imponerle una condena de 82 años de prisión.
Antonio González García, Juez Segundo de Distrito en Amparo de esta capital, resolvió que no podrá iniciarse el juicio, hasta que no sea resuelto en última instancia si deben o no admitirse en el proceso 15 documentales solicitadas como pruebas de descargo por el exprocurador General de la República, señalan registros judiciales.
Autoridades federales confirmaron que González concedió la suspensión definitiva con este alcance, en un amparo presentado por el hidalguense contra el juez de control federal Marco Antonio Fuerte Tapia, quien el 24 y 25 de marzo pasados le negó el auxilio judicial para allegarse de esos expedientes.
Los documentos requeridos por Murillo son, en su mayoría, averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas desde el 2014 por la entonces PGR y su sucesora la FGR, por las supuestas torturas a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Esta es la primer causa penal que le iniciaron al exprocurador por el Caso Ayotzinapa, en la que fue procesado por los delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada, el 24 de agosto de 2022.
En dicho expediente, la FGR ya presentó su acusación por escrito y pidió imponerle una condena de 82 años de prisión y el pago de una multa de 1 millón 792 mil 400 pesos.
El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte programó para septiembre próximo la audiencia intermedia de este asunto y, aunque pudiera realizarse, si para entonces continúa vigente la suspensión definitiva, la siguiente etapa procesal, el juicio, ya no se llevaría cabo.
Sólo hasta que sea resuelto en última instancia el amparo del exprocurador, contra la renuencia a aceptar sus 15 pruebas, se reanudaría el procedimiento y podría ser llevado a juicio.
El 19 de agosto del año pasado la Secretaría de Marina detuvo a Murillo en las Lomas de Chapultepec precisamente con una orden de aprehensión girada por este asunto. Desde entonces ha estado preso, primero en el Reclusorio Norte y ahora en el Penal de Tepepan, en Xochimilco.
En esa primera imputación, la FGR le atribuye ser el artífice de un montaje llamado «verdad histórica» en el Caso Ayotzinapa, porque supuestamente ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.
La FGR le fincó los delitos de tortura y contra la administración de la justicia porque afirma que durante su gestión hubo siembra, manipulación y desaparición de evidencias en el Caso Ayotzinapa, además de que habría ofrecido tres ruedas de prensa entre el 6 de octubre de 2014 y el 27 de enero de 2015 en las que difundió información presuntamente obtenida bajo torturas a cuatro sospechosos.
En el caso del delito de desaparición, la Fiscalía argumenta que el desvío de la investigación tuvo como consecuencia que los normalistas no hayan sido localizados, desde la noche del 26 de septiembre de 2014, en que fueron secuestrados y desaparecidos en Iguala.
En abril pasado, un juez federal inició un segundo proceso a Murillo por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, por el caso de las supuestas vejaciones a Felipe Rodríguez Salgado «El Cepillo», presunto miembro de Guerreros Unidos.
