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Guerrero, México.- La escalada de violencia en la región de la Montaña de Guerrero está imparable. En menos de una semana, seis personas fueron asesinadas en la zona, entre ellos dos Alcaldes y el hijo de otro Presidente Municipal, sin que el Gobierno estatal o federal actúen.
El jueves, Acacio Flores Guerrero, Alcalde de Malinaltepec, fue retenido y asesinado a balazos por un grupo armado en la Colonia La Guadalupe, anexo al ejido comunal de Alacatlatzala.
El 17 de junio en la madrugada, presuntos integrantes del grupo criminal de Los Rusos asesinaron a balazos al Alcalde electo del municipio de Copala, Salvador Villalba, cuando se dirigía a su localidad a bordo de un autobús de pasajeros en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
El 14 de junio, hombres armados asesinaron a Sabi Ortiz Díaz, hijo del ex Alcalde perredista de Metlatónoc, Felipe Ortiz Montealegre, y dos días después pobladores de varias comunidades lincharon a tres hombres acusados de ese crimen.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, sostiene que esta zona, ancestralmente olvidada de las políticas públicas, está inmersa en una violencia derivada de la desatención del Gobierno estatal a los conflictos sociales y a que han solapado el crecimiento de las organizaciones del crimen organizado.
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«Aunque las Policías Comunitarias siguen siendo un baluarte para brindar seguridad a la ciudadanía de las comunidades (de la Montaña), no pueden controlar todo, porque las organizaciones criminales tienen más poder, recursos y armamento», dijo el también activista en entrevista para Grupo REFORMA.
El especialista hace referencia a la Policía de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que se fundó en San Luis Acatlán en 1995 durante el Gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, y que tiene presencia en al menos 12 municipios de la Montaña.
En la comunidad de Temalacatzingo, del Municipio de Olinalá, apuntó, opera la policía ciudadana.
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Racha sangrienta
El pasado jueves, Acacio Flores Guerrero, Alcalde de Malinaltepec, fue retenido y asesinado a balazos por un grupo armado en la Colonia La Guadalupe, anexo al ejido comunal de Alacatlatzala.
El 14 de junio, hombres armados asesinaron a Sabi Ortiz Díaz, hijo del ex Alcalde perredista de Metlatónoc, Felipe Ortiz Montealegre, y dos días después pobladores de varias comunidades lincharon a tres hombres acusados de ese crimen.
El 17 de junio en la madrugada, integrantes del grupo criminal de «Los Rusos» asesinaron a balazos al Alcalde electo del Municipio de Copala, Salvador Villalba, cuando se dirigía a su localidad a bordo de un autobús de pasajeros en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
El activista Abel Barrera afirma que en el caso de Metlatónoc fue un asunto de la delincuencia organizada que opera en esta zona.
«Todavía no hay suficiente información por parte de las autoridades de lo que ocurrió en Metlatónoc pero el indicio es que habría sido la delincuencia la que provocó el crimen del hijo del ex alcalde de Metlatónoc», refirió.
Barrera Hernández aseguró que en el caso del asesinato del Alcalde de Malinaltepec existe la versión de que fue originado por un añejo conflicto agrario que hay entre comuneros de Malinaltepec, Alacatlatzala y sus anexos.
En noviembre de 2020, cuando Acasio Flores era Comisariado de Bienes Comunales se registró un enfrentamiento entre comuneros de Malinaltepec y de Alacatlatzala y su anexo La Guadalupe.
Tres vecinos de Alacatlatzala resultaron muertos y cinco más heridos durante la confrontación que se registró en esa ocasión.
Se cree que el Alcalde fue asesinado por un grupo de habitantes de La Guadalupe derivado de una venganza por los hechos registrados en noviembre del 2020.
En los casos de Metlatónoc y Malinaltepec, expuso el activista, imperó la omisión de las autoridades estatales que no acudieron con prontitud para resolver el conflicto y permitieron que la situación se desbordara.
«Los conflictos sociales que existen en La Montaña no son atendidos por las autoridades para prevenir que estallen y surjan acciones violentas como la de Malinaltepec.
«Como no hay ley en la Montaña es por eso que algunos grupos combaten sus conflictos con el uso de la violencia haciéndose justicia por propia mano», dijo el también antropólogo.
«La siembra de la amapola o conocida como el maíz bola ya no es la única alternativa económica de los grupos de la delincuencia sino ahora es la extorsión, el cobro de piso y someter a algunas autoridades de los municipios con quienes establecen pactos».
Presencia rapaz
De acuerdo con un análisis del Gobierno de Guerrero, en 10 municipios de la Montaña existe presencia del grupo criminal de «Los Ardillos», que dirigen los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez.
Esta organización criminal también domina otros 13 municipios de las regiones Centro y Montaña Baja de la entidad.
En Chilpancingo, comparten la plaza con «Los Tlacos», que dirige Onésimo Marquina.
En siete municipios de esta misma región, son controlados por «Los Rojos», según el mapa de grupos del crimen organizado que tiene el Gobierno estatal.
«Hay conflictos sociales añejos no resueltos, pero ahora se complica más el escenario de la violencia en La Montaña por la presencia de los grupos del crimen organizado», aseguró el activista Abel Barrera Hernández.
Mencionó que la presencia de estas organizaciones ya ha originado el desplazamiento forzado de decenas de familias en el Municipio de Zapotitlán Tablas.
Dijo que en los últimos meses se han visto las acciones violentas que han realizado estas organizaciones criminales y puso como ejemplos los casos del ex alcalde perredista de Atlixtac, Marcelino Ruiz, quien fue asesinado a balazos junto con su esposa Guadalupe Guzmán, en enero pasado.
Además, el asunto del fundador de Morena en Huamuxtitlán, Abraham Ramírez, padre de la ex candidata morenista de este municipio, Rosalba Ramírez, que fue asesinado a balazos en enero de este 2024, contó.
En el análisis de Abel Barrera, estas organizaciones del crimen organizado se están peleando el territorio de la región de la Montaña.
«Antes era el trasiego de la droga pero ahora es el control de la venta de cerveza, refresco, de pollo, carne de res, huevo, el transporte público e incluso en algunos casos se encargan de la obra y seguridad pública en varios municipios», aseguró.
La ciudadanía de la Montaña, indicó, no ve que el Gobierno pretenda desmontar estas estructuras de la delincuencia y ejercer el estado de derecho.
«El Gobierno ya no garantiza a la ciudadanía de La Montaña un ambiente de convivencia pacífica sino más bien es ya de miedo», criticó.
«La violencia que se vive en esta región marginada es producto de la ingobernabilidad que se vive en Guerrero».
Cuestionó que el Gobierno de la morenista Evelyn Salgado tampoco ha garantizado que las mujeres y niñas vivan una vida libre de violencia en los municipios de La Montaña.
En el 2021, después que Salgado asumió el cargo, puso en marcha una estrategia para prevenir y erradicar los matrimonios forzados de niñas y la erradicación de la violencia contra las mujeres en la Montaña, pero no ha rendido frutos.
«Se han registrado feminicidios en Malinaltepec, Copanatoyac y el último caso se dio en abril de este año de un feminicidio frente a las instalaciones de la preparatoria en Tlapa», aseguró el activista.
Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia hubo muchas expectativas de mejoras de vida en las comunidades, pero un cambio significativo no se ha dado, afirmó también.
«Podemos resaltar que los programas federales ayudaron mucho sobre todo a las personas de la tercera edad que no tenían ningún ingreso, eso fue un gran logro y el del programa de entrega gratuita del fertilizante además del programa Sembrado Vida pero no beneficia a toda la comunidad», expuso.
En la Montaña, el problema del desabasto de medicinas, médicos y clínicas de salud, no ha cambiado. Se sigue con las mismas carencias, pues no ni siquiera ambulancias y la gente muere sin ser atendida.
