Partidos Políticos vs Sistema Normativo, Santa María Mixtequilla

Mis dos centavos

Argel Ríos
@argelrios

Hace unas semanas, el municipio de Santa María Mixtequilla, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, dio a conocer su interés por cambiar del régimen de partidos políticos al de sistema normativo indígena.

A continuación un poco de contexto al respecto, el día de la jornada electoral del 6 de junio de 2021, un grupo de personas violentó las casillas instaladas en Mixtequilla impidiendo continuar con la elección de autoridades municipales. Correspondía entonces a las autoridades electorales realizar elecciones extraordinarias antes de que culminara el año, no solo en este municipio, sino en seis más, pero ello no se concretó debido a que el órgano electoral local ya no contaba con presupuesto, aplazando la realización para este 2022 por lo que se procedió a nombrar comisionados, antes llamados administradores municipales, uno de ellos fue designado para este municipio istmeño.

Tras la designación como su comisionado provisional de Rogelio Vargas Garfias, pobladores de Santa María Mixtequilla lo rechazaron a través de su recién creada Asamblea Popular, y solicitaron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y a la Secretaría General de Gobierno, avalar un cambio de régimen electoral en dicha localidad. El mensaje en medios de comunicación fue claro, no permitirán la entrada de partidos políticos a su población.

Con esta sentencia Santa María Mixtequilla se une a los municipios San Dionisio del Mar en el Istmo de Tehuantepec, y San Baltazar Chichicapam en los Valles Centrales, que han solicitado cambiar del régimen de partidos políticos a sistemas normativos indígenas.

Sin embargo, la primera barrera con la que se encuentran estos municipios es la legislación electoral local que sí considera un cambio de régimen, pero no el esperado, pues nuestra ley local habla de migrar del régimen de sistema normativo indígena al de partidos políticos, no viceversa.

De hecho, en los últimos diez años el municipio de San Andrés Cabecera Nueva es el único que ha migrado del sistema normativo al de partidos políticos.

Sí, ha sido una decisión o quizás una omisión del poder legislativo, nadie lo sabe a ciencia cierta, el no darle a los municipios la libertad y facilitar los mecanismos para cambiar de régimen.

Si analizamos el contexto nacional, medios de todo el mundo han volteado los ojos a los casos de Oxchuc en Chiapas y Ayutla de los Libres en Guerrero, municipios que a golpe de sentencias, consultas y un largo peregrinar, han podido cambiar del régimen de sistemas de partidos al de sistemas normativos.
Pareciera que en Oaxaca los partidos políticos se aferran y apuestan a mantener a los 153 municipios que se rigen por este sistema.

Por otro lado, a pesar de que existen sentencias que han explicado grosso modo la ruta para que se garantice a las comunidades el derecho a la libre determinación, ello no se ha visto reflejado en las instituciones.

En Oaxaca los mecanismos que promueven esta libre determinación se convierten en caminos tortuosos, pues entre la ruta legal y la ejecución de los procedimientos, el tiempo avanza y los presupuestos, tampoco son de gran ayuda.
Vemos que desde las instituciones a nivel federal se habla del gran derecho a la consulta a los pueblos y comunidades originarias, e incluso funcionarios e investigadores han escrito libros y ensayos sobre la necesidad de consultar, pero pareciera que la consulta como instrumento jurídico es un concepto ajeno a las comunidades.

Entonces, ¿Qué hacer con la voluntad manifiesta de las y los habitantes de Santa María Mixtequilla, San Dionisio del Mar y San Baltazar Chichicapam? La respuesta pareciera obvia, y es garantizarles el derecho a la libre determinación.

Decidir cambiar al sistema normativo indígena o continuar con los partidos políticos debería ser decisión de la comunidad, no de los órganos electorales, ni de los gobiernos y mucho menos de los partidos.

A las instituciones les corresponde informar, a las comunidades participar en la consulta y a los gobiernos garantizar que los mecanismos se realicen.

Lo que si urge, es que en el Congreso del Estado se revisen las leyes que hasta el día de hoy no garantizan la libre determinación.

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