CREACIÓN DE REFUGIOS PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS

LO PERSONAL ES POLÍTICO

CREACIÓN DE REFUGIOS PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS

“Necesitamos un lugar seguro para las mujeres”

Rosa Simón

A partir de la Recomendación General no. 19 y las observaciones emitidas por el Comité CEDAW en los informes periódicos, queda clara la obligación del Estado mexicano de adoptar medidas legislativas y de política pública para prevenir, atender y sancionar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Concretamente, se evidencia la obligación del Estado de crear espacios de atención integral como los refugios que otorguen servicios especializados a las mujeres que han vivido violencia y que incluya a sus hijas e hijos.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Para) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Para) es un instrumento vinculante en la región latinoamericana que ha sido adoptado por 32 de los 34 países que integran el Sistema Interamericano.

La adhesión a este instrumento representa el compromiso político en la región de reconocer que la violencia contra las mujeres “Constituye una violación de los derechos humanos que limita a la mujer el goce y ejercicio de los mismos, representa una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres que trasciende todos los sectores de la sociedad”.

Concretamente, presenta una aproximación ecológica para abordar el tema de la violencia contra las mujeres ya que prevé mecanismos de protección, atención y acceso a la justicia a través de la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Convención Belem Do Pará distingue diversos niveles de actuación para que los Estados partes cumplan con las obligaciones de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que incluyen acciones inmediatas, progresivas y de atención. Sobre las medidas de atención, establece la obligación de los Estados de “suministrar servicios especializados para la atención de la mujer víctima de violencia, por medio de los sectores público y privado, refugios, orientación para la familia y custodia de los menores afectados cuando así sea el caso”.

Esta disposición da cuenta de la obligación puntual que tiene el Estado de facilitar espacios como los refugios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia, lograr la recuperación física, y psicológica y avanzar a un mayor empoderamiento.
En 1999, se creó la Red Nacional de Refugios (RNR) con el propósito de unir esfuerzos y buenas prácticas para atender las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito familiar.

La mayoría de estos refugios fueron administrados por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) lo que implicaba que la administración de recursos financieros, humanos, así como normas de funcionamiento de los refugios las establecían las propias OSCs.
En México operan actualmente 72 refugios: 34 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, 4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas.

De acuerdo con la LGAMVLV, los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas de violencia (mujeres, hijas e hijos) quienes pueden permanecer por tres meses según sea el caso. Esto último será valorado por el personal especializado que labora en el refugio y en todo caso deberán consentir su permanencia o reingreso al refugio.

Durante su permanencia, recibirán atención integral por medio de servicios especializados y gratuitos de hospedaje; alimentación; vestido y calzado; servicio médico; asesoría jurídica; apoyo psicológico; programas educativos que permitan su reintegración y capacitación para desempeñar alguna actividad laboral.

Es preciso señalar que en nuestro Estado se necesitan más refugios, pero sobre todo lograr el empoderamiento de las mujeres a fin de que logren tomar decisiones de su propia vida y adquieran conciencia de sus derechos humanos.

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