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Diego Luna
El estado de Oaxaca sigue dando, mucho de que hablar, ahora porque se dio a conocer un reporte, donde se informó que las agresiones a Defensoras de Derechos Humanos en el estado se hace a través de redes sociales.
La información fue dada a conocer por la asociación feminista, Consorcio Para el Diálogo Parlamentario, quien a través de su titular, Yésica Sánchez Maya denunció que en este 2020, los ataques contra la defensoras de DH se han realizado a través de las redes, por lo que pidió eliminar amenazas y cerrar las cuentas de los agresores.
Reconoció que durante la pandemia aumentaron expresiones de odio e incitaciones a la violencia en contra de las mujeres, principalmente a través de redes sociales.
“Hay una gran preocupación por el aumento de las expresiones de odio, incitaciones a la violencia, difamaciones y amenazas digitales en Oaxaca, que incrementan el riesgo de que se materialicen agresiones físicas o asesinatos, especialmente a las feministas y a las mujeres que defienden los derechos humanos de las mujeres”, refirió.
En referencia al informe de Lawlor “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”, Sánchez Maya consideró fundamental garantizar que se cumplan las recomendaciones dirigidas a las empresas de redes sociales, en el sentido de eliminar contenido amenazante hacia personas defensoras de derechos humanos y cerrar las cuentas de los agresores.
Además de lo previsto en el informe que la Relatora Especial presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la defensora oaxaqueña destacó también la necesidad de que las empresas de redes sociales entreguen todos los datos necesarios para fincar las responsabilidades por esas amenazas digitales.
Dijo también coincidir en la preocupación de Lawlor por el recrudecimiento de las amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos, frecuentemente basadas en el género; detalló que en Oaxaca su organización documentó que 12 por ciento de los ataques contra defensoras fueron amenazas, y esto se ha observado especialmente a partir del confinamiento por la pandemia por COVID-19.
“En el caso de Consorcio Oaxaca, por ejemplo, a pesar de haber interpuesto denuncia por la amenaza de feminicidio en los ataques de junio 2020, hasta la fecha no hemos sido notificadas de que la investigación esté radicada por parte de la Fiscalía General de la República”, añadió.
También en relación con el informe, Sánchez Maya celebró que éste reconozca los riesgos específicos que enfrentan las personas que defienden tierra y territorio y los derechos de los pueblos indígenas, “pues en Oaxaca registramos 21 asesinatos de personas defensoras entre 2017 y 2019” y “más de la mitad de ellos están en la impunidad total”.
Señaló la falta de protocolos diferenciados para investigar los casos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, como lo evidencia el hecho de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca únicamente registra el caso de un homicidio contra una persona defensora, en el periodo en el que Consorcio Oaxaca registró 21 casos.
“Es entonces prioridad reconocer este riesgo especifico y garantizar la investigación de los asesinatos de personas defensoras, pero también el castigo a los funcionarios que realicen investigaciones deficientes”, expuso a la Relatora Especial.
“En México urge un Poder Judicial sensible, que reconozca que está manteniendo en estado de privación de la libertad a defensores, y actuar en consecuencia para ordenar las liberaciones inmediatas, reconociendo que se trata de un asunto de criminalización a la labor de defensa, como son los casos de Fredy García y Pablo López Alavez”, concluyó.
