URGENTE MODIFICAR LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN OAXACA, DEMANDA SALOMÓN JARA

• La ineptitud de Rubén Vasconcelos es el principal obstáculo para la justicia

Oaxaca de Juárez .- Para el senador Salomón Jara Cruz la adopción del Protocolo Alba por parte de la Fiscalía General de Oaxaca es una simulación para ocultar la ineptitud de su titular, Rubén Vasconcelos Méndez, para garantizar la aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio y ello es muestra de las fallas estructurales de la institución.

Por lo anterior, el legislador morenista demandará ante el pleno del Senado de la República que el gobierno de Oaxaca modifique la estrategia de seguridad instrumentada a nivel estatal, particularmente para detener la ola de violencia contra niñas y mujeres e incrementar el nivel de confianza ciudadana en las autoridades de administración y procuración de justicia.

De conformidad con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) presentada el 19 de enero de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción ciudadana sobre la inseguridad en Oaxaca de Juárez es del 71.2 %. Esto significa que 7 de cada 10 personas dijeron sentirse inseguras en la calle, en el transporte público, en los mercados, en los parques, en los centros comerciales, en los cajeros automáticos, en el camino a su trabajo, a la escuela y hasta en su propia casa.

Según la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de la Inseguridad Pública (ENVIPE) 2020 , 19.1% de los hogares del estado de Oaxaca tuvieron al menos una víctima del delito durante el año previo. Durante 2018, por ejemplo, la tasa de víctimas del delito por cada 100 mil habitantes fue de 17 mil 557, superando las cifras de 2017. Durante 2019, 15 mil 291 mujeres y18 mil 095 hombres fueron víctimas de diversos delitos, entre los que destacan de manera relevante la extorsión, robo en transporte o vía pública, fraude, robo en casa habitación, robo de vehículo y lesiones.

Al respecto, es oportuno señalar que el delito de extorsión ha crecido de manera sostenida año con año desde 2017 y en 2019 alcanzó la cifra de 5 mil 503 casos por cada 100 mil habitantes. Mas preocupante aún es el incremento del delito de secuestro, pasando de 23 casos en 2019 a 31 casos en 2020, lo que representa un incremento del 30% en tan solo un año.

En este contexto, la ENVIPE 2020 señala que el costo de la inseguridad y el delito para los hogares oaxaqueños representa un impacto económico de 5 mil 986 millones de pesos. Lo anterior, sin tomar en cuenta la dramática cifra negra, misma que la ENVIPE 2020 estima, para el caso concreto del estado de Oaxaca, en más del 90% de los delitos. De esta forma, hoy sabemos que las y los oaxaqueños solo denunciaron el 9.1% de los delitos de los cuales fueron víctimas y que el nivel de confianza en las autoridades ministeriales se encuentra cada vez peor.

En este tema las cifras no podrían ser peores. Del 9.1% de los delitos denunciados, el Ministerio Público del estado de Oaxaca únicamente abrió carpeta de investigación en el 52.8% de los casos, es decir, en poco más de la mitad y el equivalente a solo el 4.8% de los delitos totales (cifra también menor a la del año previo). Esta cifra contrasta visiblemente con el promedio nacional, en donde se abrió carpeta de investigación en el 69% de los casos.

Por si esto no fuera suficientemente desalentador, la ENVIPE 2020 también nos revela que, en el estado de Oaxaca, del minúsculo número de carpetas de investigación iniciadas, en el 44.5% de los casos no pasó absolutamente nada, es decir, en casi la mitad de los casos no se continuó con la investigación y prevaleció la impunidad.

Esto explica perfectamente por qué las y los ciudadanos del estado de Oaxaca no tienen confianza en la autoridad y consideran que denunciar el delito es una absoluta pérdida de tiempo. En el mismo sentido, esta lamentable realidad explica la razón por la cual la mayoría de las y los oaxaqueños ubican entre sus principales preocupaciones la crisis de inseguridad, la corrupción, la impunidad y, en general, el mal funcionamiento del gobierno y su incapacidad para proveer los servicios y las condiciones básicas de bienestar y tranquilidad.

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