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- Se busca prevenir abusos económicos y patrimoniales, asegurar protección familiar y establecer entornos seguros
San Raymundo Jalpan, Oax., a 19 de enero de 2026.- Con el objetivo de garantizar una vejez digna, autónoma, segura y libre de violencia para las personas adultas mayores en la entidad, la diputada Biaani Palomec Enríquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto, para incorporar un capítulo específico sobre Derechos Familiares de las Personas Adultas Mayores en el Código Familiar del Estado de Oaxaca.
Con esta reforma se busca establecer disposiciones claras para regular los deberes de cuidado y apoyo familiar; reconocer y ordenar jurídicamente los acuerdos de cuidado con compensaciones; y prevenir el abuso económico y patrimonial. Asimismo, se busca dotar a las familias, a las personas adultas mayores y a las autoridades jurisdiccionales de herramientas legales que permitan prevenir conflictos y, en su caso, resolverlos con perspectiva de edad, de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
En la exposición de motivos se destaca que la incorporación de un marco normativo específico resulta impostergable ante el crecimiento sostenido de la población adulta mayor en el estado. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la entidad residen más de 440 mil personas de 60 años o más, lo que representa el 11.7 por ciento de la población, porcentaje que podría ascender al 15 por ciento para el año 2030.
La iniciativa reconoce que las personas adultas mayores continúan participando activamente en la vida familiar, comunitaria y económica; sin embargo, enfrentan condiciones particulares de vulnerabilidad, especialmente en materia de cuidados cotidianos, dependencia económica y manejo de su patrimonio.
En este sentido, se subraya que una parte importante de los conflictos que afectan a este grupo se origina en el seno familiar, relacionados con la organización de los cuidados y la disposición de bienes bajo contextos de presión o abuso de confianza.
Con todo ello se pretende fortalecer un marco jurídico integral que reconozca la complejidad de la vejez y garantice la autonomía, dignidad y seguridad patrimonial de las personas adultas mayores.
La propuesta se sustenta en los mandatos constitucionales y convencionales que obligan al Estado mexicano a adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales, para la protección integral de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como en la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado, que reconoce la protección, prevención y atención de las personas adultas mayores.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
