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La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la Recomendación 03/2026, dirigida al Ayuntamiento de San Felipe Jalapa de Díaz, tras acreditar violaciones a derechos humanos relacionadas con detención arbitraria, falta de garantías mínimas de protección en custodia y vulneración al derecho de acceso a un recurso efectivo, en agravio de una persona que perdió la vida al interior de la cárcel municipal.
La DDHPO inició la investigación de oficio a partir de una nota periodística difundida el 8 de febrero de 2025, en la que se informó sobre la muerte de una persona en los separos municipales. Posteriormente, el 7 de septiembre de 2025, la hija de la víctima solicitó formalmente la intervención del organismo autónomo, en su calidad de víctima indirecta, con el objetivo de coadyuvar en el esclarecimiento del fallecimiento ocurrido bajo custodia municipal.
De acuerdo con la investigación, la víctima fue detenida por elementos de la Policía Municipal a petición de su hija, quien solicitó apoyo debido a que su padre había consumido alcohol y pidió que fuera asegurado por unas horas. Sin embargo, se acreditó que, al momento de la detención, el Ayuntamiento no contaba con Bando de Policía y Buen Gobierno ni con reglamento municipal vigente que estableciera de manera clara las faltas administrativas aplicables, lo que dejó sin sustento legal la privación de la libertad y configuró una detención arbitraria, carente de justificación y contraria al principio de legalidad.
Asimismo, se acreditó que, tras la detención, los elementos municipales omitieron registrar el aseguramiento en el Sistema Nacional de Detenciones, bajo el argumento de no contar con credenciales de acceso. Tampoco pusieron a la persona detenida a disposición del Juez Municipal o del Síndico Procurador, sino que la trasladaron directamente a los separos municipales. Estas omisiones eliminaron los mecanismos mínimos de trazabilidad, transparencia y control institucional sobre la privación de la libertad, impidiendo el control inmediato de legalidad por parte de la autoridad competente, así como la revisión de la necesidad y proporcionalidad de la medida. En consecuencia, la detención quedó fuera de los estándares básicos de debido proceso aplicables incluso en el ámbito administrativo, debilitando las garantías formales que deben operar desde el primer momento de cualquier privación de la libertad.
