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La desaparición de la defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida en marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, tras denunciar presuntos actos de corrupción en el gobierno municipal, sigue marcando la agenda judicial y social del país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia que había liberado a Jhoan Ricardo Matus Marcial, exconsejero jurídico del ayuntamiento y colaborador cercano de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta. Matus había sido condenado a 50 años de prisión por desaparición forzada, pero un tribunal colegiado lo excarceló en 2025. Con su fallo, la Corte anuló esa resolución y ordenó que el caso se juzgue nuevamente bajo un enfoque de género e interseccionalidad, reconociendo los riesgos específicos que enfrentan las mujeres defensoras en contextos de poder y corrupción.
La decisión, aprobada por unanimidad, representa un avance en la búsqueda de justicia para la familia de Claudia, que nunca ha dejado de exigir verdad y castigo para los responsables. El máximo tribunal subrayó que las manifestaciones de mujeres activistas deben ser protegidas como ejercicio legítimo de derechos, y que los crímenes contra ellas no pueden ser minimizados ni tratados como hechos aislados.
Este precedente coloca en el centro la dignidad y la protección de quienes defienden derechos humanos, reafirmando que la justicia mexicana tiene la obligación de garantizar que las voces críticas no sean silenciadas por la impunidad. El caso de Claudia Uruchurtu se convierte así en un símbolo de resistencia y en un recordatorio de que la defensa de la transparencia y la verdad es un derecho que debe ser protegido por las instituciones.
