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Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un caso que marca un precedente en la garantía del derecho a la educación superior gratuita en México. El Pleno determinó que la gratuidad debe extenderse a los elementos esenciales que permiten acreditar una licenciatura y obtener el título profesional, incluyendo cursos indispensables para la titulación.
En sesión del 3 de marzo, la Corte concedió el amparo a un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien había impugnado el cobro de un curso de comprensión de lectura requerido para liberar un requisito de titulación. El Máximo Tribunal concluyó que dicho curso constituye un medio efectivo para cumplir con el requisito en condiciones de igualdad, por lo que trasladar la carga económica al alumnado contraviene el mandato constitucional de gratuidad.
La decisión se fundamenta en la reforma constitucional de mayo de 2019 al artículo 3°, que obliga al Estado a garantizar el acceso gratuito a la educación en todos sus niveles. La Corte subrayó que esta gratuidad debe implementarse de manera progresiva, evitando retrocesos y asegurando que los estudiantes no enfrenten barreras económicas para obtener su título profesional.
Con esta resolución, la SCJN ordenó a las autoridades universitarias devolver el monto pagado por el curso, respetando los efectos académicos generados. El fallo fortalece el principio de igualdad y reafirma el compromiso del Estado mexicano con la educación como derecho fundamental.
En sesión del 3 de marzo, la Corte concedió el amparo a un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien había impugnado el cobro de un curso de comprensión de lectura requerido para liberar un requisito de titulación. El Máximo Tribunal concluyó que dicho curso constituye un medio efectivo para cumplir con el requisito en condiciones de igualdad, por lo que trasladar la carga económica al alumnado contraviene el mandato constitucional de gratuidad.
La decisión se fundamenta en la reforma constitucional de mayo de 2019 al artículo 3°, que obliga al Estado a garantizar el acceso gratuito a la educación en todos sus niveles. La Corte subrayó que esta gratuidad debe implementarse de manera progresiva, evitando retrocesos y asegurando que los estudiantes no enfrenten barreras económicas para obtener su título profesional.
Con esta resolución, la SCJN ordenó a las autoridades universitarias devolver el monto pagado por el curso, respetando los efectos académicos generados. El fallo fortalece el principio de igualdad y reafirma el compromiso del Estado mexicano con la educación como derecho fundamental.
